Durante 10 años,
Alberto Fujimori, se convirtió en el presidente peruano más polémico; su
gobierno estuvo marcado por la corrupción, el abuso de autoridad, e incluso
crímenes de lesa humanidad. El final de su carrera como mandatario se debió a
la aparición de pruebas contundentes, que lo mostraban a él y a su asesor,
Vladimiro Montesinos envueltos en una serie de fraudes y acciones ilícitas.
El 14 de
septiembre de 2000 todo Perú se sentó frente a sus televisores y sintonizó el
Canal N, señal de cable y parte de la corporación que vinculaba intereses de El Comercio y La República,
ambos medios influyentes del Perú. La obsesión se debía a la transmisión de
videos caseros en los que se veía a Vladimiro Montesinos, mano derecha del
Presidente Fujimori entregando 15.000 dólares a Alberto Khouri, congresista
recién electo, para que muestre apoyo al Gobierno. Así empezó el destape de los
casos de corrupción vinculados a Fujimori y a Montesinos, los cuales
terminarían sucediéndose hasta su destitución por el Congreso.
Luis Ibérico fue
quien consiguió el primer “Vladivideo”, por medio de una fuente del Servicio de
Inteligencia Nacional; y quien se encargo de hacer los respectivos contratos
para que dicho video se transmita a nivel nacional. El video que se transmitió
el 14 de septiembre fue parte de una serie de videos grabados por el mismo
Montesinos, y de los cuales según su autor, sólo una pequeña parte han visto la
luz.
Cinco años
después del destape, “El Vate”, quien en su momento fue oficial del ejército
peruano y parte del SIC, logró rescatar parte de los documentos que Montesino
mandó a incinerar tras la aparición del video Montesino-Khouri. El documento
con el nombre clave “Operación Octavio” tenía como misión encontrar y privar de
su libertad para interrogatorio a las fuentes militares y civiles que proveían
información a periodistas. Mientras la “Operación Octavio” se gestaba, salió a la
luz conversaciones entre altos mandos del ejército con narcotraficantes,
debelando vínculos de interés en los que se mostraba pruebas fehacientes en las
que el ejército vendía armas a las FARC, alquilaba helicópteros para
transportar cocaína, entre otros escándalos que sacudieron la cúpula militar, y
en los que siempre se volvía a vincular Montesinos, especialmente en lo
referente al narcotráfico.
Antes de que
Fujimori figure como político, en el año 1983, Gustavo Gorriti publica los
vínculos de Montesinos con ciertas mafias, entre ellas su relación con Evaristo
Porras, uno de los narcotraficantes más grandes del mundo. Así Gorriti se
empieza a perfilar como un duro oponente de Montesinos, quien tras posicionarse
con Fujimori en 1992, lo manda a buscar y capturarlo, con la intención de
enviarlo a prisión, pero tras la presión mediática y política, es liberado.
Pero bajo esta amenaza viaja a Miami y a Panamá; para el 2000 regresa en pos de
apoyo a Alejandro Toledo, poco antes de la aparición del primer Vladivideo. En
el 2005 trabaja como codirector del diario La República de Lima, medio con el
que se propone investigar a fondo la corrupción del gobierno de Fujimori.
Entre uno de los
secretos mejor guardados durante el gobierno de Fujimori se halla todo lo referente
al grupo Colina. El 3 de noviembre de 1991, el grupo Colina ingresa
violentamente en una casa ubicada en el jirón Huanta de Lima y asesina a 16 personas,
entre ellas un niño de ocho años; este hecho sería registrado como la Masacre
de Barrios Altos y dejaría huella en la memoria colectiva. La periodista
Valenzuela sería quien a través de investigaciones y entrevistas con rebeldes
se le confirmó la existencia de este grupo, además al profundizar en la
investigación logró constatar que Montesinos y el General Nicolás de Bari
Hermoza, jefe del ejército, eran quienes usaban el escuadrón de la muerte para
su propósito. Tras publicar las fotos de los miembros de Colina, grupo dirigido
por el mayor Enrique Martín Rivas, Valenzuela logra su desactivación.
El periodista
Ángel Páez saca a la luz uno de los casos más grandes de corrupción, en
cuestión de robo. Durante el periodo de 1990 al 2000, el gobierno del Perú, por
supuesto miedo a un ataque ecuatoriano o chileno gastó una cifra aproximada de
3.000 millones de dólares en armamento militar; y según la investigación,
Montesinos cobraba una comisión de entre 30 y 40 porciento de cada operación;
además de que las transacciones no eran recomendables. Tras esta publicación,
Páez sufrió una larga campaña de desprestigio en la que se vio comprometida su
vida pública y privada.
El 8 de Marzo de
2002, el mismo Montesinos confirmó lo
que Páez había publicado con mucha anterioridad, desde su nueva residencia en
la prisión militar del Callo, aceptó la compra inútil de material bélico,
aunque no aceptó su responsabilidad en el cobro de millonarias comisiones.
Volviendo atrás,
durante el gobierno fujimorista, para mantener a las masas bajo control y
evitar mayor número de investigaciones, se recurrió a la compra de medios,
obviamente lo que hicieron fue compra de conciencias como sucede en uno de los Vladivideos,
en los que se ve a José Francisco Crousillant recibir dinero de Montesinos,
quien en su momento hizo famosa a Laura Bozzo y su programa. Tras un juicio a
Crousillant, se encontraron pruebas de que parte del dinero que Montesinos
entregaba, iba a cubrir los honorarios de Bozzo. Así mismo se entabló una
relación entre Bozzo y Montesinos, por lo que la propaganda fujimorista se
promovía tanto por el medio, como por Bozzo y su programa: Laura en América.
El 6 de
noviembre de 2005 llega Fujimori a Chile, al día siguiente es detenido por la
policía Chilena; permanece detenido hasta el 18 de mayo de 2006 en la Escuela de Gendarmería
de Chile. El 22 de septiembre de 2007, Fujimori es finalmente
extraditado a Perú. Para el 7 de Abril de 2009, y tras una serie de
investigaciones e interrogatorios en los que también se incluyó a Montesinos,
el “Chino” fue condenado a veinticinco años de cárcel: "autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio
calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en agravio de
los estudiantes de La Cantuta y el caso Barrios Altos"[1].
La Sala Penal Especial determinó que la condena vencerá el 10 de febrero de
2032.
